lunes, 25 de junio de 2012

Pretenden un aumento para el sector privado de 2,47 %



Hoy se reanudarán las negociaciones tripartitas–Gobierno, empresarios y trabajadores– pretendiendo llegar a un consenso para ajustar los salarios del sector privado en el segundo semestre del año. Las pretensiones de los representantes de los trabajadores y del sector privado son muy diferentes. Si hoy no se llega a un arreglo el Gobierno deberá tratar de adoptar una solución aceptable para ambos bandos. Esperamos, sin embargo, que no haya necesidad de llegar a eso.

En esta ocasión, los trabajadores no lograron ir a la mesa de negociación con una posición uniforme. Los representantes de la Unión Nacional de Trabajadores propusieron un incremento de casi el 6%, mientras que la petición de la Confederación Unitaria Sindical Magisterial y Comunal fue más moderada: 4,96 %. La diferencia es que el primer grupo reclama un ajuste por una supuesta deuda salarial pendiente, surgida cuando los ajustes se hicieron con base en la metodología anterior. Por eso no es procedente. Los patronos, por su parte, pidieron un ajuste del 2,47% con base en la meta de inflación (esperada) fijada por el Banco Central en su Programa Macroeconómico para el 2012, del 5% para todo el período. Un 2,47% de ajuste salarial equivaldría, grosso modo, al incremento de los precios en el segundo semestre, ja ja no creo que sea así.

El Gobierno, por medio de la ministra de Trabajo, Sandra Piszk, propuso un incremento salarial para el sector privado del 3% para el segundo semestre. Esa posición nos parece razonable. Si bien excede un poco el porcentaje de incremento en el índice de precios al consumidor (IPC) fijado como meta en el Programa Macroeconómico del Banco Central, contempla otros factores que podrían justificar un incremento en los salarios reales, según la fórmula adoptada por todas las partes en octubre del 2011, que es un poco más flexible.

Si el producto interno bruto (PIB) crece en términos reales, como lo ha hecho recientemente (6% anualizado), hay una presunción de que el sector empresarial se está defendiendo bien en términos de ventas al consumidor, exportaciones, y utilidades. Puede, por tanto, asumir el aumento salarial de 0,53% propuesto por el Gobierno. Debe recordarse que la fórmula negociada en octubre mira un margen de acción para acomodar mejorías en el PIB. Aunque técnicamente solo contempla incrementos en el ingreso per cápita –lo cual es erróneo pues los aumentos salariales por encima de la inflación deberían darse cuando la productividad del trabajador individual aumenta y no según las alzas en el ingreso per cápita, que son dos conceptos generales y distintos–, si hay reactivación los ajustes son más manejables.

Creemos necesario hacer otra reflexión sobre la posición oficial con respecto a las negociaciones aplicables a los salarios y remuneraciones del sector público. La debilidad que han mostrado los distintos Gobiernos, incluyendo el actual, frente a los sindicatos de la burocracia estatal, contrasta con la actitud ejercida frente al sector privado. Los servidores públicos se han servido con la cuchara grande, gracias a la complicidad de los políticos de turno. Como dijimos en un editorial publicado en enero anterior, los aumentos salariales, aún modestos, como los de montos fijos a la base (¢5.000 en la última negociación salarial), terminan siendo mayores por los denominados pluses, anualidades fijas sin ninguna relación con la productividad individual y demás prebendas. El Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley para racionalizar el empleo en el sector público. Hasta la fecha, lo está debiendo.

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